Lucha de Territorio, Cabildo Muisca de Bosa

La comunidad Muisca de Bosa mantuvo una lucha con el gobierno nacional durante nueve años en defensa de su territorio ancestral para frenar la construcción de dos planes parciales, ya que afirmaban que con la realización de estos proyectos se les estaba vulnerado un derecho, aquel consistente en la consulta previa, derecho considerado fundamental para el mantenimiento de las comunidades indígenas. Motivo por el cual la Sección Quinta del Consejo de Estado les dio la razón.

Para los muiscas de Bosa es un triunfo, debido a que antes de aquella decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había fallado en contra de estos indicando que en ningún momento se les había vulnerado derechos. Pero solo fue hasta el hallazgo del Consejo de Estado de pruebas significativas, que cambiaron la decisión.

Es importante destacar que el Ministerio del Interior y el Distrito afirmaron que los proyectos respetaron la ley. Por otro lado, el Consejo de Estado durante este proceso desconoció el derecho fundamental de consulta previa, ignorando el “reciente” reconocimiento de las comunidades indígenas por el Ministerio del Interior, cuestión que le atribuía a estas comunidades sus derechos como parte de la sociedad colombiana y como consecuencia un posible riesgo de identidad cultural de la comunidad muisca.

Esta problemática surgió a partir del lanzamiento de dos planes de vivienda llamados El Edén-El Descanso y Campo Verde, por tal motivo la comunidad muisca se preocupó, ya que la realización de estos proyectos podría representar un riesgo para su identidad y por la posibilidad de una política de despojo y como consecuencia los muiscas consideraron llevar a cabo consulta previa.

Tres años más tarde de que se diera inicio al proceso del plan El Edén-El Descanso tanto el gobierno como la comunidad muisca comenzó diálogos para llegar a un acuerdo con respecto a sus insatisfacciones y temores frente a las obras. A pesar de lo anterior, seis años después no se ha concluido con un acuerdo que satisfaga las partes.

La administración distrital uso las reuniones como método de defensa ante la tutela que pusieron los muiscas, en donde estos buscaban detener el desarrollo del plan El Edén-El Descanso hasta que se realizará la consulta. Sin embargo, el distrito afirmaba que había cumplido con todas las reuniones, motivo por el cual consideraban no existía vulneración de algún derecho.

La comunidad indígena refuto las afirmaciones del distrito por sus afirmaciones de que los proyectos no habían comenzado, cuestión que demostraron con la construcción de paraderos para el SITP y la ciclorruta en la Alameda del Porvenir, lo cual forma parte del plan de vivienda. Además los indígenas en la tutela señalaron que las reuniones no se realizaban desde un buen tiempo atrás.

En cuanto al proyecto de Campo Verde en territorio indígena, el cabildo indico que las reuniones no se llevaron a cabo. Mientras que la administración está trabajando en la construcción de alrededor de 3.600 viviendas del programa Vivienda de Interés Prioritario para ahorradores colombianos. Asimismo, las entidades gubernamentales afirmaron que el proyecto no está en territorio indígena y que en consecuencia no se vulnera algún derecho.

Cada una de las partes que estaban implicadas o afectadas por la realización del proyecto, expusieron sus argumentos. Finalmente, el Consejo de Estado decidió fallar a favor de los indígenas y exigió al Ministerio del Interior comenzar con la consulta previa a los posibles afectados para que de esta forma no se vulnere el derecho exigido por la comunidad muisca. Además de esto, las partes tendrán que acordar de qué manera se llevará el proceso y en caso de no lograr un acuerdo, la Defensoría, la Personería y la Procuraduría evaluarán el impacto del proyecto sobre la comunidad indígena.

Asimismo, el Consejo de Estado ordenó al Mininterior verificar si se está desarrollando en el territorio indígena un parqueadero para buses del SITP y una ciclorruta en la Alameda del Porvenir; de ser así, el máximo tribunal pidió interrumpir el uso del primero y la construcción del segundo hasta finalizar la consulta a los muiscas. El ente encargado de vigilar será La Personería que termine el proceso.

Por otro lado, el Consejo de Estado considero pertinente pedirle al Ministerio del Interior para que verificaran si la comunidad indígena vivía cerca de la zona del proyecto de Campo Verde; de ser así se notificaría a el Distrito para que detuviera las obras y se iniciaran las consultas solicitadas por los muiscas de Bosa.

Por la decisión del Consejo de Estado, Sandra Cobos, la gobernadora del resguardo se mostró optimista y dijo que era algo que esperaban. “El Consejo de Estado nos acaba de notificar. Y tengo para decir que no esperábamos menos, porque en este caso era evidente la vulneración a la consulta previa y la responsabilidad que tienen el Ministerio del Interior y la administración distrital. Como los tiempos ya empezaron a correr, radicaremos los incidentes de desacato”, expresó.

Fuente: El Espectador